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El Capitán del ejercito y su deposito de 11 millones de pesos en Sinaloa

Un descuido bancario abrió un boquete por donde salieron a relucir una serie de irregularidades administrativas y disciplinarias al int...

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Un descuido bancario abrió un boquete por donde salieron a relucir una serie de irregularidades administrativas y disciplinarias al interior del octavo batallón de infantería, localizado en Mazatlán y con jurisdicción en la zona sur de Sinaloa, que originaron medidas contra un elemento de la tropa. Lo que los mandos superiores no esperaban, fue que este cabo jardinero los exhibiera y exigiera ante las autoridades castrenses respeto a sus años de servicio y que en el proceso para ser separado del ejército, se realice conforme lo marca la ley.

Fue una visita para realizar un trámite bancario con la que comenzó algo parecido a una pesadilla. Transcurrían los meses de junio del 2015 cuando el cabo Juan José Campos Acosta, adscrito al octavo batallón de infantería, acudió en a una sucursal de Banejército en Mazatlán a realizar una gestión administrativa. El ejecutivo del banco que lo atendió y que lo conocía le pidió un favor. Era cierre de mes, un día con demasiada carga laboral, le dio una lista de cuentahabientes para que le dictara unas cantidades y ahorrar tiempo. Acompañado de su pareja Laura Viviana Zatarain Mejía, revisaron el listado y les llamó la atención que uno de los oficiales de la unidad, el capitán intendente Sergio Javier Altamirano Mendoza tuviera un depósito de 11 millones de pesos en su cuenta.

Era algo inusual si se tomaba en consideración que los ingresos anuales para un oficial de esa jerarquía no rebasan los 350 mil pesos al año, según se desprende de una denuncia de hechos presentada por ambos en febrero pasado ante la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

El documento señala que cuando revisaban el listado llegó el capitán Altamirano Mendoza y se percató que habían visto sus datos bancarios. Fue un hecho fortuito que modificó de manera drástica el día a día del cabo Campos Acosta.



A partir de ese momento la rutina laboral del cabo en las instalaciones del octavo batallón de infantería en Mazatlán, se vio modificada de forma drástica. Había dejado de ser un soldado operativo desde el año 2011, a raíz de un asalto a mano armada cuando se dirigía a su casa en transporte urbano donde resultó herido en un pulmón, por lo que fue reclasificado como jardinero. Y en esa condición empezó a padecer los rigores tras el “hallazgo fortuito” de la riqueza del capitán Altamirano Mendoza.

Hasta ese momento en su expediente militar no había ningún reporte o arresto por mala conducta, falta de sus deberes militares o indisciplina en 14 años de servicio. Pero a partir del incidente que tuvo, solo entre junio y noviembre de aquel año acumuló 44 días de arresto, “por causas notoriamente abusivas, la mayoría por parte del capitán Altamirano”.

El objetivo era que el cabo Campos Acosta tuviera los 45 días que marca el reglamento para que se le hiciera un consejo de honor, procedimiento que existe al interior de cada unidad militar para sancionar faltas disciplinarias, y acreditar mala conducta para darlo de baja definitiva de las fuerzas armadas. Solo que algo se atravesó en el camino.

En septiembre del 2016 el capitán Altamirano tuvo un altercado donde insultó al cabo llamándolo “borracho y drogadicto”. Su molestia iba en aumento ya que se había iniciado una investigación judicial sobre el origen del dinero en su cuenta bancaria, luego de que Campos Acosta denunciara el hostigamiento que vivía ante la comandancia de la tercera región militar, con cuartel en Mazatlán, donde se canalizó el caso por abuso de autoridad ante el agente del ministerio público militar en Culiacán.

Más largas

En un documento hecho llegar a este blog por la señora Laura Viviana Zatarain Mejía concubina del cabo Campos Acosta, que es copia del escrito que mandaron en febrero pasado a la Inspección y Contraloría General del Ejército, se relata que durante 2017 los abusos continuaron. Durante ese lapso acumuló 59 días de arresto donde se sumaron a las presiones y hostigamiento el coronel José Luis Sánchez Castro, comandante del octavo batallón de infantería y su segundo de abordo el teniente coronel Adrián Efraín Ortiz Arroyo.

Una ocasión la señora como representante legal del cabo se presentó a las instalaciones del batallón para solicitar una audiencia al coronel Sánchez Castro. Cuando la recibió le solicitó que explicara cuál era el motivo del número de arrestos que se presentaban contra su pareja, si había que iniciar un proceso administrativo para darlo de baja primero había que escuchar los argumentos de las partes y a eso respondía su presencia ahí.

El coronel le dijo que el cabo era un mal elemento, que faltaba y evadía servicios, que era un mentiroso ya que se inventaba que le daban días libres cuando eso era falso. Y para corroborarlo mandó llamar un oficial quien avaló el dicho.

La defensora preguntó al coronel si tenía conocimiento del acoso, intimidación y amenazas que el capitán Altamirano había hecho contra el cabo. Sánchez Castro respondió que eso era un caso cerrado, que no era importante además de que ya había tomado conocimiento el ministerio público militar.

Hubo un momento en que el ambiente se tensó, fue cuando la señora le dijo al coronel que cómo decía que el caso de hostigamiento no era importante cuando el capitán Altamirano estaba detrás de un intento de atentado en el domicilio de ambos meses atrás. Fue un episodio donde hubo testigos y se detuvo a un sargento de transmisiones que estaba armado a las afueras de su casa, vigilando quien entraba y salía del lugar.

Le recalcó que el cabo tenía un expediente limpio, ni faltas ni arrestos, tenía reconocimiento de primer lugar en el curso de sobrevivientes de guerra, de cursos de tiro. Y con esos antecedentes cómo era que a raíz del episodio del banco todo cambió. Se le llegó a prohibir al cabo recibir visitas, se le negó el servicio médico a ella y sus hijos como derechohabientes, y se le impidió el acceso a las instalaciones militares.

Sánchez Castro, originario de Tapachula, Chiapas, ascendió a coronel en 2015, llegó como comandante al octavo de infantería a finales de ese año, y éste cumplirá tres en Mazatlán. Su estancia al frente de la unidad, ha sido una de las más extensas ya que en algunas zonas del país hay rotación de mandos cada año como parte de la política que tiene la secretaría de la Defensa Nacional para evitar involucramiento de los mandos de batallones y regimientos con el narco. Su currículum militar registra que antes estuvo en la Policía Judicial Federal Militar, y en la sección segunda, inteligencia militar, del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El 16 de octubre del 2017 el capitán Altamirano Mendoza se retiró del ejército, no se supo si a raíz de la investigación en su contra por los 11 millones de pesos en su cuenta bancaria, o si se debió a alguna otra causa. Tampoco se tuvo conocimiento sobre qué pasó con la indagatoria sobre el origen del dinero ya que en esa región del país la oferta de los operadores del narcotráfico hacia oficiales militares para dejarlos traficar sin ser molestados es algo que sucede con cierta frecuencia.

Después de aquella cita con Sánchez Castro los abusos contra el cabo siguieron, cierta ocasión la señora se presentó en la oficina del coronel donde éste le reclamo por su actitud, hubo un diálogo y a los pocos días la señora lo acusó de hostigamiento sexual.

Por este hecho viajó a Culiacán donde presentó una denuncia contra el comandante del octavo batallón por acoso y hostigamiento sexual que quedó registrado en la carpeta de investigación CI/FGJM/Culiacán/18/2018.

El pasado 16 de abril Campos Acosta fue notificado de su cambio de unidad, del octavo de infantería lo mandaron al 21 regimiento de caballería motorizado en Guerrero Negro, Baja California Sur. Sin embargo el coronel Sánchez Castro reportó a la novena zona militar que se había desertado. En la comandancia de la tercera región militar en Mazatlán, de donde depende el cuartel de la novena zona con sede en Culiacán, el cabo recibió sus órdenes de pasajes el martes 17 y al día siguiente viajó hacia la península.

En el trayecto tuvo problemas con el pulmón que quedó dañado por disparo de arma de fuego en el asalto del año 2011, se enfermó y tuvo que regresar a Mazatlán para ingresar al área de urgencias del hospital militar. El médico le pregunta por qué lo movían si su enfermedad era crónica. Cuando lo dieron de alta viajó de nuevo hacia Guerrero Negro sin que en los registros de salida apareciera como desertor.

Por esos días la señora Zatarain Mejía dice que tuvo un atentado cuando caminaba por la avenida Pemex, cerca del café Marino. Desde una moto un individuo le disparó y solo tuvo un rozón en el cuerpo. Estuvo varios días internada pero cuando fue dada de alta a los pocos días intentaron desalojarla de su casa de interés social que adquirió su pareja por medio de Banejército. El motivo fue que el cabo se había desertado.

Según Campos Acosta nunca se desertó, ya que tiene la documentación clínica donde se registra su ingreso al nosocomio militar además de su posterior alta médica. El pasado día 20 de abril cuando salió del hospital, supo al llegar a su nueva base que estaba reportado como desertor.

Desde entonces comenzó una nueva batalla legal para demostrar que no fue así, que se presentó tras su alta médica y con el reporte clínico en la mano donde se menciona que por su estado de salud no podía realizar ese tipo de traslados. Era la consecuencia de casi dos años de hostigamiento tras aquel “hallazgo” en la cuenta bancaria del capitán.

Juan Veledíaz

@velediaz424
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