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Parece que el gobierno son El Chapo y El Mayo

Delincuencia organizada y narcotráfico constituyen un ente económico cuyo crecimiento desmedido e influencia en los procesos políticos ...

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Delincuencia organizada y narcotráfico constituyen un ente económico cuyo crecimiento desmedido e influencia en los procesos políticos ha sido inevitable y sus redes han penetrado las estructuras del gobierno, las instituciones del Estado y representan una amenaza para la elección presidencial de 2018.

Expertos en seguridad nacional y doctores en ciencia política alertan sobre la amenaza y vulnerabilidades que penden sobre el proceso electoral del próximo año en nuestro país, en el que incluso está en riesgo la elección del presidente de la República.

Aida Torres Chávez señala que existe una permanente presencia del crimen organizado y del narcotráfico dentro de la estructura del Estado: territorio, población y gobierno. “No en balde, el tema lleva años siendo el más relevante para la agenda de seguridad de las dos últimas administraciones”, acota.

La catedrática del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM) destaca que si bien el crimen organizado jamás buscará desaparecer o sustituir al Estado, su actividad ha llevado a los grupos a asumir gradualmente funciones de gobierno, para generar el ambiente idóneo en sus actividades o porque realmente deseen ser considerados como un ente político con poder.

En un escenario que configura a México como un “narco Estado” y frente a la falta de alternativas políticas y de solución a los problemas sociales, el proceso electoral de julio enfrenta graves riesgos para la seguridad nacional por la penetración del crimen organizado, advierte el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Vizarretea Rosales.

“Estamos frente a un narco Estado porque la delincuencia organizada entró en una faceta en la que se involucró con la sociedad, autoridades locales, estatales y federales, lo cual ha generado un grado de violencia que ha escalado y provocado un conflicto entre los narcos, la sociedad y el gobierno”, subraya.

En entrevista, señala que esta situación conduce a reconocer que el señalamiento de narco Estado cobre una dimensión efectiva, porque “no se trata de un Estado fallido ni débil, sino de que una parte del Estado se inclina hacia intereses delincuenciales que socavan la fuerza social y provocan que en cada proceso electoral obliguen a valorar el peso de la delincuencia organizada”.

Nelson Arteaga Botello, doctor en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), discrepa con su homólogo de la UNAM al indicar en entrevista que no se puede hablar de un narco Estado en sentido estricto. “Implicaría que el Estado ha perdido autonomía para ejercer las funciones de sus órganos y normas”.

Lo que sucede, dice, es que existen poderes y ámbitos de gobierno que han establecido vínculos con bandas criminales que operan en ámbitos específicos y localizados y con objetivos territoriales distintos a mediano y largo plazo, lo cual no permite la cooptación total del Estado y de sus instituciones.

En su análisis Perspectivas de la influencia de la delincuencia organizada en la próxima elección presidencial (septiembre 2017), Aidé Torres Chávez puntualiza que si bien el nivel de involucramiento del crimen organizado es más perceptible en estados y municipios, hay un alto riesgo de que influya en la elección presidencial.

La especialista del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) estima que “no habría manera de que los cárteles tuvieran éxito en sus negocios de no contar con el apoyo de autoridades y funcionarios”.

Explica que la transición democrática rompió la sinergia que sostenía la delincuencia organizada con la estructura política y resultó en la descoordinación de diferentes niveles de gobierno en el ámbito de la seguridad.

Fue entonces, asegura, que la delincuencia organizada centró su fuerza en el establecimiento de alianzas y vínculos en todos los niveles político, militar y empresarial, con un alto componente de corrupción y se infiltró en espacios públicos al grado de asumir toda una estructura de gobierno.

En la última década –explica Torres Chávez-, diversos ejemplos ilustran cómo la delincuencia organizada presiona candidatos para que se alineen a sus intereses, compra autoridades, funcionarios, secretarías de gobierno, presidentes municipales y gobernadores.

Señala que Enrique Peña Nieto, al aumentar en un 50 por ciento la presencia de las Fuerzas Armadas en la lucha anticrimen en comparación con el sexenio anterior y mantener la dinámica de las detenciones de su antecesor para golpear a los cárteles, solo provocó un incremento desmedido de homicidios en el país. (Cuadro 1).

Y el 26 septiembre de 2014, con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se generó la segunda gran crisis del presidente –la otra fue la revelación de la Casa Blanca de su esposa Angélica Rivera– y representó un punto de quiebre en su gobierno.

Vulnerabilidades del Estado

Aidé Torres considera que ante el proceso electoral de 2018, se enfrentan diversos temas de alto riesgo con potencial para afectar la realización de las elecciones, como la vulnerabilidad del Estado frente al crimen organizado, los vínculos políticos del narcotráfico y la infiltración de sus redes en los procesos electorales.

Al respecto, el profesor e investigador de la Flacso, Nelson Arteaga, considera que es complicado predecir cómo serían los vínculos del crimen organizado con algunos círculos políticos, ya que ha sido a posteriori cuando se observa este fenómeno, cuando hay ejecuciones de municipales o diputados.
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