CDN "Zetas" usan penal II de Nuevo Laredo como cámara de tortura

- 10:20:00


En el parte militar, del que EFE tiene una copia, especificó que hacia “las 14:30 horas del 12 de noviembre del 2011 circulaba sobre la avenida Reforma, cuando a distancia nos percatamos de la presencia de tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino”, quienes “hablaban por teléfono”.

Norma cuenta que en la Fiscalía les impidieron hacer una llamada. “Me trajeron a un abogado de oficio para que estuviera en mi declaración”, pero “yo declaraba una cosa y ellos escribían otra”, recuerda.

Cuando le entregaron su “confesión” para que la firmara, se puso a leerla. “¿Qué haces?”, le dijeron los agentes, y le ordenaron que firmara. Ante su negativa, su abogado le dijo: “Nos saliste muy fierita”, pero ella le pidió que se retirara si no la iba a defender.

“Nunca firmé lo que ellos querían”, narra orgullosa Norma, cuyo expediente señala que fue detenida por “atentado contra la seguridad de la comunidad”.

Los móviles supuestamente usados para reportar los movimientos de los militares fueron presentados como pruebas contra Mendoza, cuando -según el expediente- estaban quebrados, sin pilas y no funcionaban.

Los detenidos fueron recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, donde los ‘Zetas’ mandan y los guardias están a su servicio.

Norma señala que sufrió ocho días de torturas y abusos sexuales. “A diversas horas del día me golpeaban. Querían que les confesara que yo era parte del Cártel del Golfo (CDG)”.

Ese cártel, que en 2010 se enfrascó en una guerra con el CDG, sus antiguos aliados, utilizaron una tabla diseñada especialmente para torturar a sus rivales.

La golpeaban en la espalda, los glúteos y las piernas. En esos largos días casi no probó alimentos ni agua y las internas la levantaban con un balde de agua fría. “Me arrancaron las uñas, me quemaban el cuerpo con cigarrillos”.

En el octavo día, una mujer obesa brincó sobre su estómago, lo que hizo que vomitara grandes cantidades de sangre antes de desmayarse.


Los internos la dieron por muerta y al noveno día salió en un vehículo de la prisión rumbo a la morgue, pero un leve quejido evidenció que seguía con vida.

Los custodios la trasladaron a la clínica del doctor de la prisión, donde le dieron los primeros auxilios, y después la trasladaron al Hospital General de Nuevo Laredo, donde le practicaron 14 cirugías.

Tenía hemorragias internas, la vesícula rota, el cerebro inflamado, el hígado destrozado, así como varias costillas quebradas.

El cirujano plástico Alejandro Caraveo, quien pasó varios días removiendo tejidos necrotizados en espalda y glúteos, relata a Efe que “frecuentemente tenía que realizar la misma operación” en reos que le llegaban de las prisiones de Tamaulipas.

Uno de los hombres detenidos con Norma falleció en el penal, mientras el otro perdió la noción del tiempo y espacio después de las torturas y ahora es el “loquito” de esa cárcel.

Norma estuvo casi seis meses en varios hospitales y no fue sino hasta que llegó a uno de la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, cuando su madre pudo verla.

Cuando fue dada de alta, las autoridades ordenaron su regreso a la prisión de Nuevo Laredo, lo que motivó que su padre, Sergio Mendoza Gómez, pidiera la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y enviara cartas al Presidente Enrique Peña Nieto con fotos de las lesiones de su hija.

La Presidencia, dice Norma, nunca respondió y la CEDH se encargó de mantener en secreto su caso, como muchos otros en Tamaulipas.

Así, los familiares llevaron el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ordenó el Protocolo de Estambul realizado por Abel Édgar Hassan, perito de la Procuraduría General de la República (PGR).

Norma contó su tragedia durante seis días; terminó en el piso, llorando y en posición fetal. “El doctor Hassan me levantó y me dio un abrazo”, recuerda.

El Protocolo confirmó la tortura, lo que llevó a las autoridades federales a ordenar que siguiera su condena en una prisión de Reynosa, donde 85 por ciento de los internos eran miembros del CDG. Allí los reos le aseguraron que la iban a tratar como “si estuviera en casa”.

Después de casi seis meses volvió a ver a sus hijos y luego de tres años de litigio, un juez ordenó en enero de 2015 su libertad porque no se encontraron pruebas del supuesto delito.

Ahora que Norma comenzó los trámites para ser indemnizada, la Fiscalía estatal “tiene perdido” el expediente con los resultados del Protocolo de Estambul.

Debido al escaso apoyo de las autoridades mexicanas, Norma dice que buscará la asesoría del relator de la ONU para los Derechos Humanos y de otras organizaciones para demandar a la Secretaría de la Defensa y obtener la reparación del daño.
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